sábado, 4 de abril de 2015

Análisis Jurídico del caso de Vicencio Scarano

 INTRODUCCIÓN
El caso de Vicencio Scarano puede definirse como un caso atípico, jurídicamente hablando. Los procedimientos penales que se siguieron durante el proceso de dicho caso no fueron los usuales.

Para el presente trabajo, se tiene como objetivo analizar el caso de Vicencio Scarano, alcalde del Municipio San Diego del Estado Carabobo (Venezuela), cuya sentencia por el delito de desacato de un amparo del Tribunal Supremo de Justicia lo llevó a diez meses de cárcel y la destitución de su cargo. Se pretende analizar las fases del procedimiento penal, así como los principios del derecho penal que pudieron haberse cumplido o incumplido durante su juicio.

Este trabajo es parte de la evaluación de la cátedra de Procedimiento Penal y Garantías del Acusado de la Especialización en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, y consta de dos partes: una primera parte de contextualización de los hechos; y una segunda parte de análisis del proceso judicial, donde se describen lo sucedido en las fases del proceso y los principios que se vieron involucrados de una manera positiva o negativa. Los principios seleccionados para el análisis son: el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de retributividad, el principio de necesidad, el principio de lesividad, el principio de materialidad, principio de culpabilidad personal, el principio acusatorio y el principio de la carga de la prueba.

La privación judicial preventiva de libertad en Venezuela

La privación judicial preventiva de libertad es la medida o el acto del tribunal mediante el cual se ordena la aprehensión de una persona de quien hay indicios de ser autor, coautor, cómplice o encubridor de un hecho punible. A diferencia de la medida privativa de libertad mediante sentencia firme, en esta concepción no se juzga de culpabilidad, sino la presunción de autoría para la que se ordena la aprehensión en el transcurso de la investigación o juicio.

El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), señala que el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, puede decretar la privación preventiva de libertad del imputado si existe:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes el Juez de Control debe pronunciarse respecto a la petición del fiscal. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en el COPP para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, expide una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida.

Inclusive, el COPP determina ciertas características que deben estar presentes en las condiciones para la privación preventiva de libertad.

Para el caso de peligro de fuga, se presume que puede existir con penas privativas de libertad cuyo término máximo sea igual o superior a diez años. De igual manera, señala las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso.
3. La magnitud del daño causado.
4. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.
5. La conducta predelictual del imputado o imputada.

Ante el peligro de obstaculización, el COPP señala que pudiera existir si para averiguar la verdad existe la sospecha de que el imputado o imputada pueda:
1. Destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de convicción.
2. Influir para que coimputados o coimputadas, testigos, víctimas, expertos o expertas, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

La privación judicial preventiva de libertad se considera improcedente si el hecho punible no excede una pena privativa de libertad de tres años, y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual. En ese sentido sólo proceden las medidas cautelares sustitutivas, de acuerdo al mandato del artículo 272 de la Constitución, en la cual las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria.

La orden de privación judicial preventiva de libertad, de acuerdo al COPP, deberá contener: Los datos personales del imputado o imputada, o los que sirvan para identificarlo o identificarla; una enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; la indicación de las razones por las cuales el tribunal estima la necesidad de la privación de libertad; la cita de las disposiciones legales aplicables; y el sitio de reclusión.

También es importante destacar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 9, numeral 3, señala:
[...] La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo
En este sentido, tanto el Pacto como la Constitución en su artículo 272 señalan que la privación preventiva debe ser una excepción y no la norma, sin embargo, en los hechos esto no sucede así, lo cual ha provocado la grave crisis penitenciaria en el país, donde la mayor parte de los privados de libertad se encuentran procesados y sin sentencia firme. La privación judicial preventiva de libertad puede considerarse también contradictoria al principio de presunción de inocencia, puesto el tribunal se encuentra prejuzgando la posible culpabilidad del acusado.

Víctor M. Camacho
Internacionalista, especialista en Derechos Humanos y ciberactivismo
http://victorfueradelacaja.blogspot.com

El Debido Proceso y los Derechos Humanos

El debido proceso se puede entender como un catálogo de derechos y garantías mínimas que debe tener un proceso judicial para ser considerado justo y equitativo. Así, el debido proceso es un principio legal que el Estado debe cumplir para garantizar los derechos que posee una persona de acuerdo a la ley y, cuando el gobierno perjudica a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una transgresión del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley.

El debido proceso nace a partir del capítulo 39 de la Carta Magna inglesa de 1215, que fue una protesta contra el castigo arbitrario, las violaciones a la libertad personal, los derechos de propiedad y garantizaba el derecho a un juicio justo y a una justicia honesta de los barones normandos frente al Rey Juan Sin Tierra. Sin embargo, aún en la actualidad dichas situaciones todavía persisten, dado que los jueces pueden verse influenciados por la política, sobornos e, incluso, al temor que puedan generar las consecuencias de sus actos. De igual manera, las partes en el proceso legal no siempre están en las mismas condiciones, debido a que lo más probable es que exista un litigante con mayores recursos, que le dará la oportunidad de contratar mejores abogados, mientras que la contraparte de menor recursos dependerán muchas veces de defensores públicos, que se encargan de numerosos casos que les da menos disposición de tiempo. Inclusive, el lenguaje jurídico es un obstáculo al acceso a la justicia del ciudadano común, dado que posee términos y conceptos difíciles de comprender. Todo esto son situaciones que desvirtúan el debido proceso y que deben ser materia de debate en nuestra sociedad.

Las garantías del debido proceso pueden variar de país en país, sin embargo, hay ciertas características que pueden considerarse universales para garantizar un juicio justo, entre ellas podemos destacar el:
  • Derecho al Juez predeterminado por la ley: Referente a la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema, también conocido como "tribunales de excepción", es decir, la instancia judicial debe ser anterior al hecho.
  • Derecho a un juez imparcial: No puede haber debido proceso si el juez es imparcial, y debe ser equidistante respecto de las partes.
  • Legalidad de la sentencia judicial: En lo penal, debe preponderar el principio de legalidad, y toda sentencia judicial sólo puede establecer penas preestablecidas en la ley.
  • Derecho a asistencia letrada: Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista del derecho, y en el caso de que la persona no pueda procurarse defensa jurídica por sí misma, se contempla la institución del defensor público, designado por el Estado.
  • Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete: Este es el reconocimiento al derecho a la identidad cultural, que señala que toda persona tiene el derecho de ser escuchada en un juicio mediante el uso de su lengua materna y a ser asistido por un intérprete calificado.

En el marco jurídico venezolano, especialmente en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se señalan otras características del debido proceso además de las ya mencionadas:
  • Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
  • Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
  • Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad.
  • Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
  • Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
  • Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
  • Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados.

El debido proceso tiene numerosas limitaciones, y no siempre ha sido capaz de frenar abusos en el poder judicial, ni tampoco del resto de los poderes públicos o inclusive de privados con influencia y poder; sin embargo, es uno de los principios básicos de una sociedad democrática, en tanto procura el bien de los individuos como de la sociedad en su conjunto, dado que los individuos tienen interés en defenderse sus pretensiones adecuadamente dentro del proceso y la sociedad tiene interés de que el proceso judicial se justo para satisfacer las pretensiones colectivas de justicia y equidad que permiten mantener el orden social.


Víctor M. Camacho
Internacionalista, especialista en Derechos Humanos y ciberactivismo
http://victorfueradelacaja.blogspot.com