sábado, 4 de abril de 2015

La privación judicial preventiva de libertad en Venezuela

La privación judicial preventiva de libertad es la medida o el acto del tribunal mediante el cual se ordena la aprehensión de una persona de quien hay indicios de ser autor, coautor, cómplice o encubridor de un hecho punible. A diferencia de la medida privativa de libertad mediante sentencia firme, en esta concepción no se juzga de culpabilidad, sino la presunción de autoría para la que se ordena la aprehensión en el transcurso de la investigación o juicio.

El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), señala que el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, puede decretar la privación preventiva de libertad del imputado si existe:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes el Juez de Control debe pronunciarse respecto a la petición del fiscal. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en el COPP para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, expide una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida.

Inclusive, el COPP determina ciertas características que deben estar presentes en las condiciones para la privación preventiva de libertad.

Para el caso de peligro de fuga, se presume que puede existir con penas privativas de libertad cuyo término máximo sea igual o superior a diez años. De igual manera, señala las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso.
3. La magnitud del daño causado.
4. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.
5. La conducta predelictual del imputado o imputada.

Ante el peligro de obstaculización, el COPP señala que pudiera existir si para averiguar la verdad existe la sospecha de que el imputado o imputada pueda:
1. Destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de convicción.
2. Influir para que coimputados o coimputadas, testigos, víctimas, expertos o expertas, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

La privación judicial preventiva de libertad se considera improcedente si el hecho punible no excede una pena privativa de libertad de tres años, y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual. En ese sentido sólo proceden las medidas cautelares sustitutivas, de acuerdo al mandato del artículo 272 de la Constitución, en la cual las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria.

La orden de privación judicial preventiva de libertad, de acuerdo al COPP, deberá contener: Los datos personales del imputado o imputada, o los que sirvan para identificarlo o identificarla; una enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; la indicación de las razones por las cuales el tribunal estima la necesidad de la privación de libertad; la cita de las disposiciones legales aplicables; y el sitio de reclusión.

También es importante destacar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 9, numeral 3, señala:
[...] La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo
En este sentido, tanto el Pacto como la Constitución en su artículo 272 señalan que la privación preventiva debe ser una excepción y no la norma, sin embargo, en los hechos esto no sucede así, lo cual ha provocado la grave crisis penitenciaria en el país, donde la mayor parte de los privados de libertad se encuentran procesados y sin sentencia firme. La privación judicial preventiva de libertad puede considerarse también contradictoria al principio de presunción de inocencia, puesto el tribunal se encuentra prejuzgando la posible culpabilidad del acusado.

Víctor M. Camacho
Internacionalista, especialista en Derechos Humanos y ciberactivismo
http://victorfueradelacaja.blogspot.com