sábado, 4 de abril de 2015

El Debido Proceso y los Derechos Humanos

El debido proceso se puede entender como un catálogo de derechos y garantías mínimas que debe tener un proceso judicial para ser considerado justo y equitativo. Así, el debido proceso es un principio legal que el Estado debe cumplir para garantizar los derechos que posee una persona de acuerdo a la ley y, cuando el gobierno perjudica a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una transgresión del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley.

El debido proceso nace a partir del capítulo 39 de la Carta Magna inglesa de 1215, que fue una protesta contra el castigo arbitrario, las violaciones a la libertad personal, los derechos de propiedad y garantizaba el derecho a un juicio justo y a una justicia honesta de los barones normandos frente al Rey Juan Sin Tierra. Sin embargo, aún en la actualidad dichas situaciones todavía persisten, dado que los jueces pueden verse influenciados por la política, sobornos e, incluso, al temor que puedan generar las consecuencias de sus actos. De igual manera, las partes en el proceso legal no siempre están en las mismas condiciones, debido a que lo más probable es que exista un litigante con mayores recursos, que le dará la oportunidad de contratar mejores abogados, mientras que la contraparte de menor recursos dependerán muchas veces de defensores públicos, que se encargan de numerosos casos que les da menos disposición de tiempo. Inclusive, el lenguaje jurídico es un obstáculo al acceso a la justicia del ciudadano común, dado que posee términos y conceptos difíciles de comprender. Todo esto son situaciones que desvirtúan el debido proceso y que deben ser materia de debate en nuestra sociedad.

Las garantías del debido proceso pueden variar de país en país, sin embargo, hay ciertas características que pueden considerarse universales para garantizar un juicio justo, entre ellas podemos destacar el:
  • Derecho al Juez predeterminado por la ley: Referente a la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema, también conocido como "tribunales de excepción", es decir, la instancia judicial debe ser anterior al hecho.
  • Derecho a un juez imparcial: No puede haber debido proceso si el juez es imparcial, y debe ser equidistante respecto de las partes.
  • Legalidad de la sentencia judicial: En lo penal, debe preponderar el principio de legalidad, y toda sentencia judicial sólo puede establecer penas preestablecidas en la ley.
  • Derecho a asistencia letrada: Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista del derecho, y en el caso de que la persona no pueda procurarse defensa jurídica por sí misma, se contempla la institución del defensor público, designado por el Estado.
  • Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete: Este es el reconocimiento al derecho a la identidad cultural, que señala que toda persona tiene el derecho de ser escuchada en un juicio mediante el uso de su lengua materna y a ser asistido por un intérprete calificado.

En el marco jurídico venezolano, especialmente en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se señalan otras características del debido proceso además de las ya mencionadas:
  • Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
  • Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
  • Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad.
  • Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
  • Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
  • Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
  • Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados.

El debido proceso tiene numerosas limitaciones, y no siempre ha sido capaz de frenar abusos en el poder judicial, ni tampoco del resto de los poderes públicos o inclusive de privados con influencia y poder; sin embargo, es uno de los principios básicos de una sociedad democrática, en tanto procura el bien de los individuos como de la sociedad en su conjunto, dado que los individuos tienen interés en defenderse sus pretensiones adecuadamente dentro del proceso y la sociedad tiene interés de que el proceso judicial se justo para satisfacer las pretensiones colectivas de justicia y equidad que permiten mantener el orden social.


Víctor M. Camacho
Internacionalista, especialista en Derechos Humanos y ciberactivismo
http://victorfueradelacaja.blogspot.com