sábado, 4 de abril de 2015

Análisis Jurídico del caso de Vicencio Scarano

 INTRODUCCIÓN
El caso de Vicencio Scarano puede definirse como un caso atípico, jurídicamente hablando. Los procedimientos penales que se siguieron durante el proceso de dicho caso no fueron los usuales.

Para el presente trabajo, se tiene como objetivo analizar el caso de Vicencio Scarano, alcalde del Municipio San Diego del Estado Carabobo (Venezuela), cuya sentencia por el delito de desacato de un amparo del Tribunal Supremo de Justicia lo llevó a diez meses de cárcel y la destitución de su cargo. Se pretende analizar las fases del procedimiento penal, así como los principios del derecho penal que pudieron haberse cumplido o incumplido durante su juicio.

Este trabajo es parte de la evaluación de la cátedra de Procedimiento Penal y Garantías del Acusado de la Especialización en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, y consta de dos partes: una primera parte de contextualización de los hechos; y una segunda parte de análisis del proceso judicial, donde se describen lo sucedido en las fases del proceso y los principios que se vieron involucrados de una manera positiva o negativa. Los principios seleccionados para el análisis son: el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de retributividad, el principio de necesidad, el principio de lesividad, el principio de materialidad, principio de culpabilidad personal, el principio acusatorio y el principio de la carga de la prueba.

1. Contexto de los hechos

Los hechos suceden en el contexto de las llamadas “Guarimbas” en el año 2014, donde grupos opositores al gobierno nacional realizaron protestas radicales que incluían el bloqueo de calles mediante barricadas. Estas se focalizaron en ciertas partes del país, en este caso en el Municipio San Diego del Estado Carabobo.

Un grupo de transportistas del municipio presentó una acción de amparo contra la alcaldía, alegando que:
“…estos hechos vandálicos de no permitir el libre tránsito, también atentan contra las garantías de seguridad alimentaria y fomentan el desabastecimiento de productos no solo de los ciudadanos del Municipio San Diego sino de distintas zonas del país, por cuanto el cierre del Distribuidor San Diego ubicado en la referida entidad federal, que hace intersección entre la variante de la Autopista Regional del Centro con (autopista Bárbula Guacara) y la Avenida Intercomunal Don Julio Centeno, constituye la vía de tránsito principal entre uno de los principales puertos del país (el puerto de Puerto Cabello) y la región central venezolana” y que “pese al gran esfuerzo realizado por los distintos organismos de seguridad nacionales y estadales, se pueden observar barricadas y escombros que obstruyen el libre tránsito en las distintas áreas del Municipio con la mirada negligente y omisiva de los funcionarios policiales adscritos al Instituto Municipal de San Diego”.1
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunció al respecto y admitió la acción de amparo, instando al alcalde del Municipio San Diego, Vicencio Scarano, y el Director General de la Policía de San Diego, Salvatore Lucchese, a tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y evitar el cierre de las calles.

A pocos días de tomada la decisión, la Sala Constitucional del TSJ en ponencia conjunta, declaró el desacato al mandamiento del amparo cautelar por parte de los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, alegando que no cumplieron con el mantenimiento del orden y evitar el cierre de calles. De esa manera, sancionó a 10 meses y medio de privación de libertad e inhabilitación política a los nombrados ciudadanos.2

El juicio apenas demoró una semana y acarreó la destitución de un funcionario elegido por votación popular. Esto ocurrió el 19 de marzo de 2014.

2. Análisis del Proceso Judicial 

2.1. Fases del Proceso Penal


El caso de Vicencio Scarano, a pesar de tratarse de un caso penal que llevó a la privativa de libertad, no cumplió a cabalidad con las fases del proceso penal venezolano. Es decir, no cumplió con las dos primeras fases del proceso, que son la fase de investigación o preparatoria y la fase intermedia o audiencia preliminar.

El proceso de acusación no es iniciado por el Ministerio Público, ni hubo un proceso de investigación por parte de los órganos de investigación policial, así como no se acudió a una audiencia preliminar donde un juez de control haya determinado si se cumplieron y respetaron los procedimientos judiciales y haya admitido la acusación. De esta manera, el TSJ violó el principio de separación entre acusador y juez.

De igual manera, al haber ocurrido la sentencia en el máximo órgano de justicia, no permitió una última fase de apelaciones, violando así el derecho a que un juez superior revise la sentencia. Tampoco se puede alegar la existencia de un avocamiento por parte del TSJ, dado que, según el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ello sólo puede ocurrir cuando el caso inicia en un tribunal de primera instancia (para este caso de la jurisdicción penal) y en situaciones excepcionales, y éste no ha sido el caso.

2.2. Principios procesales del juicio

a) Principio de legalidad penal

El principio de legalidad en materia penal se considera un límite a la potestad punitiva del Estado, esto quiere decir que sólo pueden ser sancionadas o castigadas todas aquellas conductas que hayan sido expresamente caracterizadas como delitos o violaciones en una ley previa al hecho en cuestión. Dicho principio se expresa de manera sencilla en la reconocida alocución latina: “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, que significa literalmente “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”.

En este sentido, el desacato se encuentra tipificado en el artículo 31 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual reza:

Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses.

En este sentido, es posible afirmar que se haya cumplido el principio de legalidad dado que la pena impuesta se encuentra en el rango establecido por la ley. Sin embargo, la destitución de un cargo de elección popular no se encuentra estipulado en la ley, y la inhabilitación política señalada en el artículo 16 del Código Penal señala que la inhabilitación sólo será “durante el tiempo de la condena”.

b) Debido proceso

El debido proceso se puede entender como un catálogo de derechos y garantías mínimas que debe tener un proceso judicial para ser considerado justo y equitativo. Así, el debido proceso es un principio legal que el Estado debe cumplir para garantizar los derechos que posee una persona de acuerdo a la ley y, cuando el Estado perjudica a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una transgresión del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley.

En este sentido, es importante señalar que el principal derecho violado es el derecho al juez natural. De acuerdo al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en el cuarto numeral, señala:

Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

Scarano y Lucchese fueron sentenciados por la Sala Constitucional del TSJ, quien se arrojó a sí misma poderes de la jurisdicción penal para aplicar privativa de libertad para la cual no tiene competencia. Inclusive, ello tiene contradicción con la propia jurisprudencia del TSJ, quien en su sentencia número 74, del 24 de enero de 2002, la Sala Constitucional estableció que “el incumplimiento de un mandamiento de amparo es un delito de acción pública, por lo tanto corresponde, exclusivamente, al Ministerio Público ejercerla”3.

Entre otros derechos enmarcados en el debido proceso se pueden destacar:
  • Derecho a un juez imparcial: la imparcialidad del sistema judicial venezolano se encuentra en entredicho cuando jueces y magistrados son vistos haciendo proselitismo político a favor del gobierno nacional e, inclusive, cuando los jueces son de libre nombramiento y remoción y carecen de estabilidad laboral, lo cual ya ha venido siendo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos4.
  • Presunción de Inocencia: En tanto no hubo una acusación por parte del Ministerio Público, ni investigación policial y la actuación del TSJ fue de oficio en base a lo transmitido por los medios de comunicación, se puede considerar que el TSJ actuó prejuzgando la culpabilidad de los acusados. Inclusive, en la citación el Tribunal consideró que la inasistencia a la audiencia por parte del alcalde y del director de la Policía sería entendida como una aceptación de los hechos5, lo cual viola la carga de la prueba.
  • Derecho a asistencia letrada: En tanto Scarano fue representado por un abogado particular, se cumplió con el derecho a ser asesorado por un especialista del derecho.
  • Derecho a conocer la identidad del juez: La identidad de los jueces no fue ocultada en el proceso, por lo tanto se cumplió con este derecho.
  • Derecho a la Defensa: Este derecho no fue cumplido, en tanto no se dispuso del tiempo suficiente para ejercer la defensa, transcurriendo apenas una semana entre la decisión del amparo cautelar y la sentencia de desacato. De igual, al ser una sentencia por parte del mayor órgano del sistema judicial, no tiene derecho a recurrir del fallo.
c) Principio de retributividad
“Según este principio, la pena es un castigo aplicable cuando se haya cometido un delito. Éste constituye la causa o condición necesaria y suficiente de la pena y ésta se configura como su efecto o consecuencia jurídica”[...] “El carácter retributivo de la pena también significa que nadie puede ser castigado más que por lo que ha hecho y no por lo que es. Por tanto, excluye cualquier modo utilitarista de prevención propio del moderno autoritarismo penal (derecho penal máximo), que castigue al inocente cuando se le considere malvado, desviado, peligroso, sospechoso o proclive al delito”.6
En este sentido, es difícil determinar si realmente el alcalde Scarano cometió desacato, dado que los plazos dados por el TSJ fueron muy cortos, y quizás insuficientes para cumplir con el amparo. De igual manera, hay que considerar que las alcaldías no disponen de instrumentos de control protestas, ya que sólo disponen de armas de fuego, siendo éstas mayormente disponibles por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardial Nacional Bolivariana7 8. También, hay que destacar que las autopistas y grandes accesos viales son competencia de las gobernaciones y el gobierno nacional. De esta manera, si en verdad existió un desacato al TSJ, debió haberse extendido al resto de los poderes públicos que también tienen competencia en el mantenimiento del orden, en especial las gobernaciones y el gobierno nacional. En este sentido, la sentencia sólo parece surgir por el hecho de que el alcalde Scarano pertenece a la bancada opositora. Todos estos son hechos que permiten afirmar que no hubo un respeto al principio de retributividad.

d) Principio de necesidad o de economía del derecho penal y de respeto a la persona
“La intervención penal mínima busca que se logre la optimización del grado de eficacia de los derechos individuales frente a las limitaciones imponibles por los poderes públicos. Entonces, es obligación de los órganos del Estado el comparar las medidas restrictivas aplicables que sean suficientemente aptas para la satisfacción del fin perseguido y a elegir, finalmente, aquella que sea menos lesiva para los derechos de las personas, esto es, la que sea más idónea para la protección eficaz de los bienes jurídicos.”[...] “El principio nulla lex poenalis sine necesitate significa, en síntesis, que la ley no debe establecer más que delitos y penas estricta y evidentemente necesarios y éstas no deben ser nunca crueles e inhumanas o en forma tal que el hombre sea tratado como medio o cosa y no como fin o persona, supuesto que un Estado que mata, que tortura, que humilla a un ciudadano, no sólo pierde cualquier legitimidad, sino que contradice su razón de ser, poniéndose al nivel de los mismos delincuentes.” 9
La ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no establece una pena que pueda considerarse excesiva para el delito de desacato, al menos comparándose con otras penas. Sin embargo, la sentencia del TSJ no cumple el mismo principio, dado que sentenció la cesación de un cargo de elección popular y no tuvo en cuenta las dificultades de la alcaldía para el control de las protestas. De igual manera, el TSJ aplica la pena para dar un ejemplo de lo que podría ocurrir al resto de los alcaldes que no cumplan con el amparo, tratándolo como un medio para un fin.

e) Principio de lesividad o de la ofensividad del acto
“Bajo el principio de lesividad, el daño o peligro causado a los bienes fundamentales de tipo individual, social, colectivos y públicos, es la razón, el criterio y la medida de las prohibiciones y de las penas. La necesaria lesividad del resultado condiciona toda justificación utilitarista del derecho penal como instrumento de tutela y constituye su principal límite axiológico externo. El daño o peligro debe de concretarse sobre seres humanos, independientemente de sus efectos sociales o comunitarios, pues de lo contrario no se cumple este principio”.10
En los hechos de febrero de 2014, durante las protestas y las llamadas guarimbas, hay diversos bienes jurídicos que se vieron afectados. Los cierres de vías impidieron el libre tránsito desde el municipio San Diego hasta la Ciudad de Puerto Cabello, Morón y el resto del estado Carabobo, lo cual afectó el tránsito de alimentos desde el estado Carabobo hacia el país. También se desató la destrucción de diversidad de bienes públicos y privados, tales como postes, alcantarillas, aceras, quema de vehículos e incluso, el desvalijamiento de locales comerciales en distintas áreas de ese municipio. Estos hechos dificultan que se pueda cumplir con los derechos a la alimentación, a la educación, el trabajo, a la salud y la vida. En este sentido, el Estado tenía la obligación de buscar una solución al problema.

f) Principio de materialidad o de la exterioridad de la acción
“...el principio de materialidad [...] significa que ningún daño, por grave que sea, puede estimarse penalmente relevante sino como efecto de una acción. En consecuencia, los delitos, como presupuesto de la pena, no pueden consistir en actitudes o estados de ánimo interiores, y ni siquiera genéricamente en hechos, sino que deben concretarse en acciones humanas tanto comisivas como omisivas -materiales, físicas o externas, es decir, empíricamente observables- descriptibles exactamente, en cuanto a tales, por la ley penal. Por tanto, la intención, la voluntad, las acciones ejecutivas de la fase interna del íter criminis, e inclusive los comportamientos e inclinaciones desviadas, no se toman en cuenta sino en la medida en que sirvan para explicar la naturaleza y significación del hecho. El hombre, se ha dicho mucho, delinque por lo que hace, no por lo que es.”11
En este caso, se pretende penar la omisión de actuación por parte de la alcaldía para frenar las guarimbas, por lo tanto sería deber de la parte acusadora demostrar la inacción de las autoridades locales. En este sentido, en la exposición de los intervinientes de la sentencia, Vicencio Scarano Spisso señaló ejemplares de algunos periódicos de circulación regional, en los que algunos titulares señalan los esfuerzos de la alcaldía por evitar las guarimbas. De igual manera, señaló las dificultades para el control de las manifestaciones públicas, así como de insuficiente presupuesto para recoger las barricadas. Incluso, las partes defensoras mostraron testigos que indicaron los esfuerzos de la alcaldía por mantener el orden y hasta testigos del Ministerio Público reconocieron que fueron removidas algunas barricadas, aunque no eficientemente. En este sentido, no existe el fundamento suficiente para entender que hubo sin lugar a dudas un desacato al amparo.

g) Principio de culpabilidad personal
“Se trata del elemento subjetivo o psicológico del delito, según el cual ningún hecho o comportamiento humano es estimado como acción delictiva si no es fruto de una voluntad; por consiguiente, no puede ser castigado, y ni siquiera prohibido, si no es realizado con consciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. Las acciones potestativas son las únicas que pueden ser lógica y sensatamente prohibidas.”12
De igual manera que lo mencionado anteriormente, no hay indicios ciertos que demuestren que haya habido anuencia o complicidad de las autoridades locales para favorecer las guarimbas. Inclusive, el Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Adolfo Pimentel, reconoce que la alcaldía removió las barricadas, pero que solamente las alejó unos pocos metros, lo que permitió que los manifestantes las volvieran a colocar. Ello no necesariamente implica una complicidad de la alcaldía, sino una incapacidad tanto material como temporal para remover las barricadas en su totalidad.

h) Principio acusatorio o de separación entre juez y acusación
“La separación entre juez y acusación, característica del modelo acusatorio, significa no sólo la diferenciación ente los sujetos que desarrollan funciones de enjuiciamiento y los que tienen atribuidas las de postulación, sino también el papel de parte asignado al órgano de la acusación. Este principio representa la condición esencial de la imparcialidad del juez respecto a las partes de la causa y también el presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba de la imputación sobre la acusación. El modelo acusatorio supone necesariamente la obligatoriedad y la irrevocabilidad de la acción penal por parte de los acusadores públicos, independientemente de las fórmulas que condicionen el inicio de las investigaciones, es decir, de que importe o no la voluntad del sujeto pasivo o su representante.”13
Según ya se señaló anteriormente, el principio de separación entre juez y acusador se violó en este caso, dado que quien inicia el proceso no es el Ministerio Público sino el TSJ, quien actuó de oficio ante lo destacado en los medios de comunicación social. La misma sentencia del TSJ señala:
“...esta Sala observó que '… por la prensa se ha difundido información de la que pudiera denotarse el presunto incumplimiento del mandato constitucional librado en la sentencia N° 136 de 12 de marzo de 2014, lo cual esta Sala califica como un hecho notorio y comunicacional…'.”.14
Y ante ello el TSJ dirigió una citación al alcalde para someter a juicio si cometió desacato al amparo.

i) Principio de la carga de la prueba o de verificación
“El principio de la carga de la prueba o de la verificación es la esencia de la garantía de presunción de inocencia supuesto que ésta se destruye cuando se acredita irrefutablemente (sin dudas legales) la responsabilidad del reo en la realización del delito por el que se le acusa; destrucción que sólo es posible a través de la obtención de pruebas por parte del acusador público a través del proceso, pues, al estar la inocencia asistida por el postulado de su presunción hasta prueba en contrario, esa prueba contraria debe aportarla quien niega aquélla formulando la acusación.”15
Cuando el TSJ, en la citación a Vicencio Scarano y Salvatore Lucchese, señaló que la inasistencia a la audiencia sería considerada como una aceptación de los hechos16, inmediatamente traspasó la carga de la prueba a los imputados, teniendo ellos que demostrar así su inocencia y violentando el principio de presunción de inocencia.

Ello no es solamente violatorio de los preceptos constitucionales en el artículo 49, sino también de numerosos acuerdos internacionales de derechos humanos:

- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala en su artículo 26 señala que: “Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se demuestre que es culpable.”

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone en su artículo 11, inciso 1, que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala, en su artículo 14, inciso 2, que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7, inciso 5, reza: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe en proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.”

CONCLUSIÓN

En el caso de Vicencio Scarano se violaron una gran parte de los principios del derecho procesal penal, que debieran ser precisamente para proteger al acusado, considerado débil jurídico, de toda la maquinaria del Estado.

Destacan como principales principios violados el de separación entre juez y acusador, el principio de la carga de la prueba y el debido proceso. En el marco del debido proceso, destaca la violación del derecho al juez natural, cuando el TSJ se arroja poderes para intervenir en la jurisdicción penal, así como la violación del derecho a la presunción de inocencia, al derecho a un juez imparcial y el derecho a la defensa. La pena de destitución de un cargo de elección popular es, además de exagerada, inconstitucional, dado que esos cargos sólo pueden revocados mediante referéndum revocatorio o mediante una sentencia firme de la jurisdicción penal. La misma es una situación bastante similar a lo sucedido al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, uno de los líderes de la izquierda colombiana, que fue igualmente sustituido por unas supuestas irregularidades del sistema de recolección de basura, violando su derecho al debido proceso y a la defensa, y que tuvo gran repercusión mediática, en especial para la izquierda latinoamericana.

Sin embargo, la acción de amparo tenía una verdadera razón de ser, dado que en el transcurso de las llamadas guarimbas se violentaron numerosos bienes jurídicos, tanto públicos como privados, que afectaron el derecho a la libre circulación, y que éste a su vez afectó el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación e, inclusive, el derecho a la vida, por las peligrosas prácticas que realizaron algunos manifestantes. De esa manera, no hay duda de que era obligación del Estado venezolano actuar para defender esos derechos. Sin embargo, las formas de proceder para defender esa situación por parte del Estado no fueron las más adecuadas.

Esta sentencia deja un grave precedente, pues nos devuelve al sistema inquisitivo, donde los jueces podían formar parte de la acusación. Las decisiones de la Sala Constitucional son vinculantes para todos los jueces, y ello implica que hasta un juez de municipio podría declarar un desacato y ordenar el arresto de una persona sin un proceso.

No solamente en Venezuela, sino en muchas partes de América Latina, están ocurriendo notorias violaciones del proceso penal, que han provocado inhabilitaciones políticas o sustituciones de cargos de elección popular. Además del caso de Enzo Scarano, entre ellas se pueden mencionar al exalcalde Daniel Ceballos de Venezuela, al alcalde Gustavo Petro de Colombia, el expresidente Fernando Lugo de Paraguay y la exsenadora Piedad Córdoba de Colombia. Indiferentemente de la posición política, sea de izquierda o derecha, en todas ellas parece primar el interés político por encima de los principios del derecho.

BIBLIOGRAFÍA

NOTAS:

1 Sentencia Nº 136 de la Sala Constitucional del TSJ. 12 de Marzo de 2014. Disponible por: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/161914-136-12314-2014-14-0205.HTML
2 Sentencia Nº 245 de la Sala Constitucional del TSJ. 9 de Abril de 2014. Disponible por: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162860-245-9414-2014-14-0205.HTML
3 Venezuela Awareness. “Con caso Scarano Venezuela echó a la basura 12 años de jurisprudencia”. Disponible por: http://www.venezuelaawareness.com/2014/03/11306/
4 CIDH. “Democracia Y Derechos Humanos En Venezuela”. Disponible por: https://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPIIISP.htm
5 La Patilla. “TSJ cita a Enzo Scarano por presunto desacato a fallo contra barricadas”. Disponible por: http://www.lapatilla.com/site/2014/03/18/tsj-cita-a-enzo-scarano-por-presunto-desacato-a-fallo-contra-barricadas/
6 NADER, Jorge. “La responsabilidad penal de los juzgadores”. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Disponible por: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2008/T9.pdf
7 El Universal.com. “Blyde: El Tribunal Supremo de Justicia criminaliza la protesta pacífica”. Disponible por: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140425/blyde-el-tribunal-supremo-de-justicia-criminaliza-la-protesta-pacifica
8 ÚLTIMAS NOTICIAS. Claves: ¿Cuales son las competencias de los alcaldes?. Disponibles por: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/claves--cuales-son-las-competencias-de-los-alcalde.aspx
9 NADER, Jorge. “La responsabilidad penal de los juzgadores”. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Disponible por: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2008/T9.pdf.
10 NADER, Jorge. “La responsabilidad penal de los juzgadores”. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Disponible por: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2008/T9.pdf
11 NADER, Jorge. “La responsabilidad penal de los juzgadores”. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Disponible por: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2008/T9.pdf
12 NADER, Jorge. “La responsabilidad penal de los juzgadores”. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Disponible por: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2008/T9.pdf
13 NADER, Jorge. “La responsabilidad penal de los juzgadores”. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Disponible por: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2008/T9.pdf
14 Sentencia Nº 245 de la Sala Constitucional del TSJ. 9 de Abril de 2014. Disponible por: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162860-245-9414-2014-14-0205.HTML
15 NADER, Jorge. “La responsabilidad penal de los juzgadores”. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Disponible por: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2008/T9.pdf
16 Sentencia 138 del TSJ. 17 de marzo 2014. Disponible por: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/162025-138-17314-2014-14-0205.HTML

Víctor M. Camacho
Internacionalista, especialista en Derechos Humanos y ciberactivismo
http://victorfueradelacaja.blogspot.com
victormanuelcs@gmail.com